Está claro, que hoy no estaríamos discutiendo la necesidad de subsidiar el transporte público, si el nuevo sistema de transporte público de Santiago hubiera funcionado en forma adecuada.
Es más, no sabemos si después del 2018, caduque el subsidio transitorio, se requerirán mayores recursos, ya que la entrega de recursos no está asociado a ningún indicador de eficiencia, cumplimiento de servicio, incentivo a la demanda, reducción del déficit o condiciones socioeconómicas de los usuarios.
En este caso, los recursos serán entregados a los operadores, lo que unido a lo anterior, constituye en un subsidio a la ineficiencia, ya que los operadores no cuentan con ningún incentivo para inducir demanda y disminuir los costos del sistema, lo que podría llevar a aumentos desmedidos de los fondos requeridos en el tiempo.
Los operadores y otros grupos de interés, ejercerán presiones para aumentar los servicios y el tamaño de las áreas licitadas, incorporar el transporte suburbano e interurbano, con el fin de aumentar el monto de los subsidios, sin que ello constituya un beneficio en términos sociales. Para evitar esta situación, la aplicación del subsidio debe ir unido a fuertes multas por incumplimiento de estándares de calidad, con el fin de desincentivar la ineficiencia y fomentar la reducción de costos.
Un subsidio a la demanda, en cambio, permite operar con tarifas de mercado y obligar a los operadores operar con los mejores servicios a menores costos, si cuentan con los incentivos correctos.
Ello requiere en primer lugar, la definición de los potenciales beneficiarios, que pueden ser los usuarios de menores recursos, grupos de beneficiarios (estudiantes, tercera edad, u otros, independiente de su situación socioeconómica), por ubicación geográfica, como en el caso del subsidio al transporte regional u otros.
En el caso de los escolares, grupo para el cual se está solicitando un subsidio permanente, la aplicación de un subsidio a la demanda no es difícil de llevar a cabo.
En aquellos casos donde existen servicios con sistemas automatizados de recaudación, como el caso del Transantiago, puede hacerse a través de la cargas o consultas de saldo tarjeta Bip! y establecer una tarifa única, o bien cobrar una tarifa rebajada por medio de una tarjeta BIP especial para escolares (existente hoy en día). En este último caso, el operador podrá solicitar la devolución de la diferencia de tarifas, sobre la base del registro de validaciones asociadas a los usuarios beneficiarios del subsidio. Ello sólo requiere la individualización de la tarjeta BIP a beneficiarios.
En aquellas zonas donde no existen servicios integrados con servicios automatizados de recaudación, los beneficiarios pueden adquirir voucher que les permita viajar exclusivamente en transporte público a tarifa rebajada. Dicho voucher deberá ser canjeado por el operador para recuperar la diferencia entre la tarifa adulta y tarifa escolar.
Una última alternativa es la entrega del subsidio a través del abono en una cuenta vista del Banco Estado o en la tarjeta FONASA, actualmente usada para entregar otros subsidios. En este caso, el subsidio puede ser usado para otros fines, sin embargo, le otorga una mayor libertad al beneficiario de ocupar los recursos entregados para los fines que le otorgue los mayores beneficios.
Cualquiera sea la alternativa elegida, subsidio a la oferta o a la demanda, se requiere fiscalizar que no se produzcan fraudes en el uso de tarjeta o los vouchers, que lleven a aumentar en forma indiscriminada los viajes escolares y por ello el monto del subsidio.
Por último, se requiere una revisión permanente del monto del subsidio, con el fin de equilibrar los cambios en los costos del sistema de transporte y la capacidad de pago de los beneficiarios, con el fin de que el subsidios sean recibidos por quienes se desea beneficiar.